Diputados y senadores nacionalistas fueron convocados a considerar esta tarde la iniciativa

La agrupación parlamentaria del Partido Nacional decidirá hoy impulsar el proyecto del consejero del Codicen, Daniel Corbo por el que se declara "ilegítima y contraria a derecho la ocupación de los centros públicos de enseñanza" y se instrumenta un procedimiento para el rápido desalojo de sus ocupantes.

A pedido del Directorio blanco, el órgano que integran los diputados y senadores nacionalistas fue convocado para esta tarde a los efectos de considerar la mencionada iniciativa, pero en la oportunidad también podrían ser tratados otros asuntos, como el proyecto redactado por el Partido Nacional para dejar sin efecto el aumento del 11%, que le correspondería cobrar a los legisladores, y cambiar puntos de vista sobre las posibles modificaciones a introducir en el Senado a la ley de rendición de cuentas.

Italic"OCUPACIONES.

"El presidente de la agrupación parlamentaria blanca, senador Guillermo García Costa informó a El País que el motivo central de la convocatoria es la consideración del proyecto que busca ilegitimar las ocupaciones de los locales de enseñanza y facultar a las autoridades y a los jueces para proceder a su rápido desalojo en caso de que no se proceda a la entrega voluntaria de los mismos.

El proyecto que fue entregado el pasado lunes en el Directorio blanco por Corbo y los miembros nacionalistas en los organismos desconcentrados de la Anep, "declara ilegítima y contraria a derecho la ocupación de los centros públicos de enseñanza", entendiendo como tal "la toma de posesión" de dichos centros por estudiantes o funcionarios, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades.

Establece a continuación que "al producirse la ocupación de un centro de enseñanza, el Codicen, o el consejo desconcentrado en su caso, deber  intimar a sus ocupantes que procedan al desalojo voluntario en el plazo de seis horas".

Si transcurrido dicho plazo, no se produjera la entrega del local por parte de sus ocupantes, la autoridad educativa deberá  "presentar la denuncia escrita antes el Juzgado de Paz competente".

EN 24 HORAS.La iniciativa a la que darían impulso los legisladores blancos, encomienda al juez a decretar el desalojo del local ocupado en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, que deber  realizarse como máximo dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del escrito.

Por otro de sus artículos, determina que "la resolución judicial no admitir  excepciones y solamente ser  recurrible la que no haga lugar al desalojo".

Establece, asi mismo, que vencido el plazo señalado para la acción de desalojo, "se proceder  al lanzamiento de los ocupantes dentro las 24 horas siguientes, sin necesidad de petición de parte ni de previa comunicación a los ocupantes".

Agrega que "el decreto de lanzamiento no podrá ser objeto de recurso alguno, ni podrá conceder prórrogas", y que en el acto de lanzamiento las autoridades educativas receptoras procederán a labrar un acta del estado del local, y deberán remitir los antecedentes al Tribunal de Faltas o al juzgado penal de turno, si correspondiere.

El proyecto expresa, por último, que "el Codicen podrá  adoptar las acciones pedagógicas y/o administrativas que según la gravedad y reiteración de los hechos ameriten", para lo cual deberá  establecer la reglamentación correspondiente".

Con la legislación actual, cuando las autoridades de la educación presentaron denuncias penales contra los ocupantes de los centros públicos de enseñanza, la justicia se pronunció a favor de los estudiantes y archivó los casos.

Esa fue una de las razones que llevaron al Codicen, el pasado viernes a no presentar denuncia contra quienes vienen ocupando desde hace cuatro semanas varios institutos, y en su lugar plantear una acción de amparo con el objetivo de recuperar los locales ocupados.