Con la multiplicada esperanza de que una solución "a la uruguaya" permita restaurar la confianza y credibilidad en el sistema financiero; con el objetivo primero de apoyar a los ahorristas y el rechazo a la liquidación "lisa y llana" de los bancos suspendidos, el Senado de la República se aprestaba esta madrugada a votar la ley de bancos con el respaldo de todos los partidos políticos.
Todo el cuerpo coincidió en que el consenso multipartidario en apoyo a la creación del nuevo banco a partir de la fusión del Comercial, Montevideo y Caja Obrera, era un aporte decisivo para intentar que los depósitos retornen al circuito bancario y, en particular, permitan fortalecer a la nueva institución.
Precisamente, después que la comisión de Hacienda terminó su labor a media tarde, el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, elogió la madurez demostrada por el sistema político ante "la peor crisis de la historia que ha vivido el país".
"Esto es una demostración de que es posible lograr acuerdos amplios", dijo Atchugarry, dando fin a su tarea de trabajo en el Parlamento, en donde fue protagonista del proceso negociador desde la pasada semana, día tras día.
También, todos destacaron la "madurez y prudencia" de la sociedad uruguaya —como nota de distinción con respecto a la Argentina— y resaltaron la colaboración expuesta por el sindicato de Aebu.
Más allá del soporte unánime que recogió la ley, los senadores del Frente Amplio, José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro (Movimiento de Participación Popular), enviaron una nota a la presidencia del Senado anunciando que no comparecerían a la sesión. Mientras, en el Partido Nacional, el senador Carlos Garat (Herrerismo) tampoco se hizo presente en la cita.
RELEVANTE. A las 18:37 y en calidad de miembro informante, el senador de la Lista 15, Alberto Brause, abrió la sesión. Dijo que, como fundamento, el proyecto procura "proteger la economía" a través "de la protección del ahorro"; "preservar el valor de los activos" de los bancos suspendidos y "fomentar el crédito".
Brause dijo que la salida debía de tomarse con urgencia porque los activos se siguen deteriorando, al tiempo que aumenta la morosidad.
"Los números de los cuatro bancos —incluido el de Crédito— son determinantes en favor de esta solución", remarcó el legislador quincista. Valoró, en ese orden, que los bancos suspendidos reúnen 247.000 clientes; en el Interior el número de dependencias supone el 46% del sector privado; y manejan el 54% del crédito de residentes de la banca privada.
"La sociedad uruguaya ha demostrado una madurez, una serenidad y una prudencia en medio de la crisis, que realmente la distingue. Por sobre todo, la distingue de aquellas experiencias que hemos tenido ocasión de comprobar ocurre en otros países, especialmente en nuestra vecina Argentina", advirtió Brause.
Por su parte, el senador blanco Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) también elogió la actitud del conjunto de la ciudadanía, que desechó el "caceroleo" y la "protesta", y se dedicó "a dar su aporte a la salida".
Gallinal dijo que su actitud en todo este proceso estuvo identificada con la "defensa a ultranza de los derechos de los ahorristas". Y afirmó que si se cumplen las diferentes etapas, podrán acceder hasta el 80% de sus depósitos, en plazos todavía no determinados.
En cuanto al Banco de Crédito, aseguró que la iniciativa legal abre todos los instrumentos para su reapertura, y significó que si no cristaliza una solución, habrá que incorporarlo en la salida prevista para los otros tres bancos suspendidos.
REPROCHE. Asimismo, Gallinal reprochó al Poder Ejecutivo "por el tiempo que demoró en construir un instrumento" y fustigó "la forma en que se encararon las gestiones sobre los potenciales interesados en capitalizar" a los bancos. El senador blanco estimó que ese problema tenía como agravante a la "cuestionable" venta del Banco Caja Obrera al Banco Montevideo, cuestionamiento que, según señaló, transmitió junto al senador Luis Alberto Heber al ex ministro Alberto Bensión y al presidente del BCU, César Rodríguez Batlle.
Celebró luego el papel de los trabajadores bancarios y rescató el informe que los contadores José Pedro Laffite y Mario Buchelli elevaron al Directorio del Partido Nacional, dando una cuota de esperanza. "Vale la pena intentarlo", dijo, con ellos, al terminar su intervención.
Mientras, el senador frentista Alberto Couriel dijo que su fuerza política respaldó la salida "porque queremos, básicamente, ayudar a los uruguayos a superar esta situación". En ese orden, dijo que la ley atiende a depositantes, trabajadores y deudores; y valoró que el nuevo banco "nace bien" y "mejor" que varias instituciones que operan en la plaza.
Discordes en el FA
La Agrupación Parlamentaria del Encuentro Progresista decidió por la mañana acompañar la iniciativa legal. Pero, hubo algunas notas discordes. Los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro (MPP) manifestaron dudas sobre el proyecto y que no habían podido extremar un examen profundo del mismo. Después, no asistieron a la sesión del Senado. En la reunión, el senador socialista Reinaldo Gargano discutió con el senador Couriel a propósito de las negociaciones.
"Los partidos políticos tienen su democracia. Analizamos extensamente este tema, pero lo importante es que una abrumadora mayoría resolvió apoyar el proyecto", destacó Couriel.
Más controles al sistema financiero
El BCU pondrá en conocimiento del Ejecutivo las infracciones a leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o a las normas generales e instrucciones particulares que hubiera dictado, cometida por instituciones estatales, así como las resoluciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, a fin de que considere la adopción de rectificaciones sobre la gestión o los actos de la institución infractora, o de los correctivos sobre los miembros de su Directorio.
La ley establece que los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera comprendidas en esta ley, que actúen con negligencia en el desempeño de sus cargos, o aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de sanciones podrán ser pasibles de multas de entre UR 100 y UR 10.000, o inhabilitados para ejerces dichos cargos hasta por 10 años.
El BCU ejercerá sus potestades como liquidador de entidades de intermediación financiera con la finalidad primordial de proteger el ahorro.
El BCU será liquidador, en sede administrativa, de las empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y de sus respectivas colaterales y determinara las empresas que se consideran colaterales.
El Estado no realizará aporte de recursos adicionales en ninguna de las instituciones suspendidas.
Se transfieren al Estado los créditos por cualquier concepto del BCU contra los bancos suspendidos.
Al entrar en vigencia la ley el Estado asumirá el pasivo con el BCU.
Se priorizará a los depositantes del sector no financiero titulares de cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo; y el Estado podrá otorgar extensiones de plazo y aceptar cancelaciones con bonos soberanos tomados a su valor nominal.
Se autoriza al Estado a crear una sociedad anónima de giro bancario y ser titular de parte de sus acciones, regida por el derecho aplicable a bancos privados, incluyendo los relativos a su estructura y funcionamiento societarios, a la autorización, habilitación, supervisión y control de su actividad, a la enajenación de acciones y a la contratación de cualquier naturaleza con terceros. Se crea la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, como dependencia desconcentrada del BCU para administrar el Fondo de Garantía de Depósitos que se crea con el aporte de bancos y cooperativas.
AUSENCIA. Los senadores Mujica y Fernández Huidobro no entraron a sala por una decisión política