Próximos ya al inicio de un nuevo año contemplamos con expectativa la entrada en vigencia de la ley de Rendición de Cuentas. Aunque algunos de sus artículos ya son aplicables, otros aguardan el cumplimiento del plazo constitucional para comenzar a desplegar en plenitud sus efectos.
Nuestra expectativa se basa en la relevancia fundamental que asignamos a muchas de sus disposiciones, resultado de los acuerdos a los que se arribara con el Partido Colorado durante la discusión de la Ley en la Cámara de Representantes. Con la Rendición de Cuentas el Parlamento persiguió el objetivo de mejorar y complementar las iniciativas que hubo remitido el Poder Ejecutivo asegurándole un conjunto de instrumentos hábiles para iniciar una profunda transformación del Estado.
Hay en el articulado dos aspectos que consideramos centrales. Por un lado en tanto se comete al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley por el que se proponga la fusión, supresión de carteras ministeriales, a la vez que una reestructura de sus unidades ejecutoras. Por otra parte en cuanto se encomienda también al Poder Ejecutivo la remisión al Parlamento de una iniciativa dirigida a racionalizar la estructura escalafonaria y salarial de los funcionarios del Estado.
Las disposiciones se complementan con la reducción de edad requerida para el egreso de la función pública y la fijación de incentivos de retiro.
Creemos que con estas normas se logra el objetivo de continuar la labor emprendida de disminución de los costos de funcionamiento del Estado de una manera prolija y ordenada. La intención de los legisladores apuntó a la reducción del aparato estatal donde se entienda que es pertinente, y a que sean reforzadas aquellas áreas donde su presencia y acción se hace más necesaria. A la vez, desde el punto de vista de las retribuciones de los trabajadores del Estado se propende a que aplicando criterios de justicia y equidad sean equiparados los salarios, no tomando en cuenta al pagador de turno —en definitiva el Estado—, sino la función desempeñada.
También, y en referencia a la gestión del Estado, la Rendición de Cuentas contempla la necesidad de coordinación de las actividades que llevan adelante las dos empresas públicas con directa participación en el mercado energético. Así se establece la constitución de una Comisión Consultiva que deberá coordinar las acciones de UTE y Ancap. En el mismo sentido comete al Poder Ejecutivo la reestructura de las dependencias vinculadas al comercio exterior, de manera tal de evitar la existencia de dependencias con iguales o parecidos cometidos.
La autorización de recursos para continuar con el proyecto de "Relevamiento de la Traza del Límite Exterior de la Plataforma Continental" que tiene a su cargo la Armada Nacional, es otro de los puntos resaltables de la Rendición. Esta iniciativa del Partido Nacional fue realizada en el entendido de que a pesar del delicado panorama financiero del Estado, este Proyecto, por su hondo contenido estratégico y el profesionalismo con que se está cumpliendo, ameritaba seguir siendo apoyado y continuado.
Por cierto que habría otros puntos para tocar. Cito sólo a vía de ejemplo lo resuelto en referencia a la transferencia de las plantas de silos a sus actuales tenedores, la exigencia de la titulación universitaria para el ingreso al servicio exterior, etcétera.
Hasta aquí hemos simplemente esbozado algunos de los elementos que a nuestro juicio revisten mayor trascendencia y que traducen el compromiso asumido por el Partido Nacional en el sentido de operar sobre aspectos problemáticos y centrales del Estado.
Las disposiciones sancionadas no son de aplicación directa, en tanto requieren ser complementadas con el accionar del Poder Ejecutivo, por lo que confiamos que en breve éste remita a estudio del Parlamento los proyectos de ley, o bien dicte las reglamentaciones necesarias; lo cual aguardamos con expectativa.
