Canelones | E. Barreneche
La Dirección de Investigaciones de la Ciudad de la Costa constató que una organización, liderada por un funcionario de la Intendencia de Montevideo, vendió ilegalmente terrenos durante 10 años en Solymar, Lagomar, Pinamar y en Santa Ana, entre otros balnearios. Como consecuencia de ello, hasta el momento, fueron remitidos el cabecilla y una escribana. La profesional lo fue por reiterados delitos de falsificación por un funcionario público, el ideólogo de la banda por reiterados delitos de falsificación por un funcionario público como coautor y por reiterados delitos de estafa.
A partir de hoy la sede judicial citará a más compradores y fuentes de la investigación adviriteron que habrá mayores derivaciones en el caso.
Fuentes policiales indicaron a El País que la banda utilizó los servicios de cinco escribanas y de otros profesionales en la expedición de derechos posesorios falsos de decenas de terrenos.
En una serie de allanamientos dispuestos por el juez de la Ciudad de la Costa, Daniel Tapié, la Dirección de Investigación descubrió que el funcionario de la IMM, domiciliado en la ciudad de Suárez, Canelones, poseía más de 200 planos y decenas de cédulas catastrales de terrenos con sucesiones o pertenecientes a sociedades anónimas que ya desaparecieron.
Además le incautaron agendas y registros con nombres y teléfonos de personas que trabajan en la Dirección General de Registro, Catastro y Juntas locales.
"No se descarta la participación de funcionarios de esos organismos", dijo una alta fuente policial.
La maniobra se realizaba de la siguiente manera: el empleado municipal A.W.B.V. detectaba cuáles eran los terrenos abandonados en la costa de Canelones, los ubicaba en un plano y luego sacaba una cédula catastral de ese padrón.
Con esa cédula, averiguaba en la intendencia canaria cuántos años debía de contribución inmobiliaria.
Según las informaciones primarias que maneja el Juzgado Penal de la Ciudad de la Costa y la Policía de Canelones, este hombre tendría vinculaciones en esos organismos, quienes le "pasaban el dato" de cuáles eran los predios cuyas deudas llevaban más de 30 años impagas.
Una investigación realizada por El País confirmó, a través de contactos con personas involucradas y compradores de los terrenos, que W.C., un reconocido comerciante de Santa Ana, posteriormente se encargaba de "colocar" los inmuebles, mediante el mecanismo del "boca a boca".
El miércoles 26, el magistrado citó a otros 10 compradores, quienes habían adquirido los derechos posesorios de los terrenos pagando entre 700 y 2.000 dólares.
Mientras que, en los avisos clasificados, terrenos con la documentación en regla, son ofrecidos por 10 y 12 mil dólares.
JUICIO. Una de las cinco escribanas, que se encuentra declarando ante el juez Tapié, fue la que elaboró la mayoría de los derechos posesorios falsos.
El 25 de julio del año pasado, el Consejo Arbitral de la Asociación de Escribanos del Uruguay resolvió censurar la conducta de esta profesional por haber expedido un certificado notarial nulo para el alquiler de una vivienda. Además esta gremial envió los antecedentes del caso a la Suprema Corte de Justicia para que determine si se le suspende o el título.
Según un documento reservado del Consejo Arbitral, al que tuvo acceso El País, esta escribana dio fe que una propiedad tenía un valor comercial elevado y, por ende, el inmueble fue aceptado como garantía de un alquiler.
