La postura opuesta del Frente Amplio, parcialmente en contra del Partido Independiente y la ausencia de tres diputados del Partido Colorado y cinco del Partido Nacional, no habilitaron ayer a que la Cámara de Representantes llegara a los dos tercios de votos necesarios para sancionar la ley que establece un aumento del 3% para todos los funcionarios públicos, incluidos el presidente de la República, el vicepresidente, los legisladores, directores de empresas públicas y cargos políticos.
Así, la norma que contaba con media sanción del Senado, volvió a la Cámara Alta para su tratamiento. Anoche se hacían intensos contactos políticos a efectos de convocar a ese cuerpo legislativo para esta misma tarde, pero al encontrarse varios de los senadores en el interior del país, la Presidencia del Poder Legislativo, decidió incluir el tema en la sesión de esa cámara prevista para el 5 de marzo.
En caso que el Senado ratifique el artículo segundo del proyecto, el mismo deberá retornar a la Cámara de Representantes, para su reconsideración.
AUSENCIAS. Ayer, además de la postura contraria del Frente Amplio y del Partido Independiente a votar el artículo segundo que necesitaba 66 votos para su aprobación —ya que propone que el nuevo sistema de ajuste alcance a entes autónomos y servicios descentralizados—, no pasó desapercibida la ausencia de tres diputados colorados y cinco nacionalistas.
Los colorados ausentes fueron Julio Luis Sanguinetti, Tabaré Hackenbruch (h) y Marta Montaner, los tres del Foro Batllista. Los nacionalistas que no estuvieron fueron el herrerista Luis Leglise; los diputados de Alianza Nacional Alberto Perdomo y Daniel Peña; el de Desafío Nacional, Alvaro Alonso, y Alejandra Rivero (independiente).
En cuanto al Partido Independiente, mientras el diputado Ricardo Falero se retiró de sala para no votar, —aunque amenazó en su intervención con presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en caso de que la ley fuera aprobada—, Iván Posada votó en general y el artículo primero, mientras Pablo Mieres lo hizo en contra de todo el proyecto, aduciendo que era inconstitucional.
La iniciativa plantea en su artículo primero que "los ajustes salariales de todos los funcionarios públicos, sin excepción, incluido los de cargos electivos (presidente de la República, vicepresidente de la República, senadores y diputados), que correspondan en aplicación de normas legales o de convenios salariales se realizaran en las mismas fechas y en el mismo porcentaje de los reajustes generales dispuestos por el Poder Ejecutivo para la administración central".
El artículo segundo, que no alcanzó los votos necesarios para su aprobación, plantea que "lo dispuesto se aplicará cualesquiera sea el origen de los recursos con que son abonadas las remuneraciones, y la relación vinculante con la instrucción de que dependa el funcionario. Se incluye en lo dispuesto los entes autónomos, servicios descentralizados y personas públicas no estatales, y no se aplicará en los gobiernos departamentales".
Como argumentos utilizados por el Frente Amplio para votar en contra, la diputada del Movimiento de Participación Popular, Nora Castro dijo que este proyecto no incluía a los contratados y que el mismo no se inspiraba en el principio de "a igual función, igual remuneración".
El diputado de la Vertiente Artiguista y ex integrante del Secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, Juan José Bentancor, sostuvo que la iniciativa tiene "expresiones ambiguas en cuanto a su alcance".
El diputado del Partido Nacional Ricardo Berois, en tanto, dijo que el proyecto introducía a los legisladores en el "mismo paquete (y)con los mismos derechos. No queremos privilegios. Nosotros debemos ponernos al frente de este esfuerzo debido a la situación económica", precisó el legislador nacionalista.
El diputado colorado Gabriel Pais aclaró en tanto, que el proyecto incluye a "presupuestados y contratados, cargos de carrera, políticos y de particular confianza".
