El gobierno cubano se enojó porque Uruguay, Costa Rica y Perú presentaron un proyecto conjunto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proponiendo el envío a la isla de un representante del Alto Comisionado de la órbita de dicha comisión.

El Ministro cubano de Asuntos Exteriores dijo que "ningún país de América Latina ni Estados Unidos ni ningún otro del mundo tiene autoridad moral para juzgar a Cuba".

Claro que hay muchas naciones con autoridad moral para juzgar a la tiranía de Fidel Castro. Hay muchísimas. Y Uruguay es una de ellas. Pero aparentemente lo que más ha enojado al régimen de La Habana, ha sido que este asunto le deja expuesto en momentos que realizaba una de sus travesuras habituales: pensando que el mundo estaba muy distraído con la guerra de Irak, se lanzó a desmantelar a la oposición, enviando a buen número de disidentes a prisión. Su jugada quedó al descubierto justamente cuando el Canciller cubano Felipe Pérez Roque pensaba tratar de evitar la reiteración de la condena anual (que se mantiene desde 1999) a Cuba, por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Lo acontecido, le hará harto difícil su tarea en 2003.

Mientras la guerra cobraba ímpetu en Medio Oriente, las autoridades de Cuba dedicaron tres jornadas a realizar arrestos masivos. Llevaron a la cárcel a más de setenta disidentes. Entre ellos figuran personas destacadas, como la economista Marta Beatriz Roque, el poeta y periodista Raúl Rivero, el dirigente Héctor Palacios, el economista Oscar Espinosa Chepe y Regis Iglesias.

La organización Reporteros sin Fronteras denunció que se había aprovechado la circunstancia internacional, para llevar a cabo la represión. El ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, expresó: "Llamo al gobierno cubano a abstenerse de detener o acosar ciudadanos que están expresando sus opiniones pacíficamente".

Como es de rutina en estos casos, el andamiaje oficial cubano acusa a quienes piensan diferente, de "actividades conspirativas" y de toda una serie de actos truculentos. El gobierno anunció que todas estas personas "serán sometidas a los tribunales de Justicia", por estar vinculadas a acciones del jefe de la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana, James Cason.

Estos procedimientos y esta jerga oficial, son repetición de otros, anteriores. Son algo habitual, podría decirse. Como habitual es también el que muchos de los uruguayos que parecen tan sensibles frente a tantas reales o presuntas violaciones de derechos humanos, cuando se trata de la añosa dictadura cubana, miran para otro lado.