El ministro de Defensa, Yamandú Fau, aseguró ayer
que para el gobierno la ley de caducidad vigente "cubre
todo lo que tiene que cubrir", y que por lo tanto no está
en los planes del gobierno impulsar una nueva ley
para evitar que militares y civiles sean enjuiciados por
violar derechos humanos durante la dictadura. "No
estamos manejando un proyecto de ley, no hemos
constituido espacios para analizar esa solución",
indicó.
Fau sostuvo que la ley de caducidad no amnistió a
personas, sino a delitos. "Es irrelevante si (los
responsables de los delitos) eran uniformados o no.
Lo que importa es que el Estado ya no puede hacer
efectiva esa pretensión de poder seguir penalmente
determinadas causas", enfatizó durante una rueda de
prensa en el Instituto Militar de Estudios Superiores
(IMES); tres horas antes, el secretario de Estado había
mantenido su reunión semanal con el presidente
Jorge Batlle.
Asimismo, fuentes políticas confirmaron a El País que
el Poder Ejecutivo emitirá un decreto, recogiendo las
conclusiones de la Comisión para la Paz, que mañana
jueves presentará su informe final. Precisamente, el
decreto establecerá los argumentos esgrimidos por el
ministro Fau.
"No hubo decisiones de carácter personal, no se
amnistió a fulano o a mengano. Se amnistiaron
aquellos delitos que se pudieron haber cometido de
un lado y de otro, y se caducó la pretensión punitiva del
Estado; quiere decir que sobre eso el Estado no va a
actuar, y no distingue entre civiles o militares", remarcó
el ministro.
Por otra parte, Fau afirmó que el gobierno pondrá
"énfasis" en el artículo cuarto de la ley de caducidad.
Ese artículo determina: "Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes, el Juez de la causa
remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las
denuncias presentadas hasta la fecha de
promulgación de la presente ley referentes a
actuaciones relativas a personas presuntamente
detenidas en operaciones militares o policiales y
desaparecidas, así como de menores presuntamente
secuestrados en similares condiciones. El Poder
Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones
destinadas al esclarecimiento de estos hechos. El
Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a
contar de la comunicación judicial de la denuncia dará
cuenta a los denunciantes del resultado de estas
investigaciones y pondrá en su conocimiento la
información recabada".
Fau apuntó que "en la medida que esos sucesos
hayan ocurrido dentro del período que la ley lo previó,
esa situación delictiva es la que está amnistiada. No
se amnistía personas; se amnistían delitos, con lo
cual esos delitos que se pudieron haber cometido de
un lado y de otro —porque aquí hubo dos partes— las
dos partes que pudieron cometer esos delitos, esos
delitos fueron amnistiados".
En cuanto al caso concreto de Blanco, el ministro
recalcó que el ex canciller "ha sido procesado por el
Poder Judicial. Fue el Poder Judicial el que lo ha
procesado. Esa pregunta, entonces, correspondería
ser formulada al Poder Judicial. Pero reitero: desde
nuestro punto de vista estos temas, legalmente, están
laudados".
COMPLICADO. Mientras, el presidente del Encuentro
Progresista Frente Amplio (EP-FA) Tabaré Vázquez, y el
líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga, rechazaron
el lunes la iniciativa esbozada, en principio, desde el
Partido Colorado la semana pasada, y que tenía como
objetivo evitar que personas denunciadas por
violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura —sean militares, policías o civiles— sean
encarcelados.
La propuesta fue lanzada desde el gobierno por el
vicepresidente Luis Hierro; también la defendió el
diputado Daniel García Pintos, quien meses antes
había presentado un proyecto de ley en ese sentido.
En filas coloradas fueron pocos los que hablaron
públicamente.
Incluso fuentes de El País aseguraron que el gobierno
nunca había estudiado una ley interpretativa de la ley
de caducidad ni una ley de punto final ni de indulto,
hasta que el Tribunal de Apelaciones confirmó
—días atrás— el procesamiento con prisión del ex
canciller Juan Carlos Blanco.
En el Partido Nacional, desde un primer momento el
senador Francisco Gallinal se opuso a nuevas leyes
que tengan "nombre y apellido"; el legislador dijo que
el proyecto estaría concebido exclusivamente para
evitar que Blanco siga preso.
De forma paralela, el Herrerismo dejó abiertas todas
las posibilidades y se anunció a la espera de
información concreta sobre los planes del gobierno.
Los clubes sociales militares transmitieron al gobierno
su preocupación por lo que interpretan como campaña
de "hostigamiento" hacia las Fuerzas Armadas, al
tiempo que las organizaciones de derechos humanos
celebraron el encarcelamiento de Blanco, pero
rechazaron un posible proyecto de ley del gobierno
para evitar los procesamientos de militares y civiles.
Injerencia "no existe"
El ministro Fau aseguró que, si bien concurrirá "con
mucho gusto" a la Comisión de Defensa del Senado,
el documento cuya existencia anuncia el senador
frentista José Korzeniak como argumento para
convocarlo, "no existe".
"Presiento que debe ser de las sesiones más cortas
que en la historia de la Comisión de Defensa Nacional
se puedan registrar. Estimo que va a ser una sesión
muy cortita", ironizó Fau, quien afirmó que el gobierno
no analiza una posible fusión de los servicios de
inteligencia policial y militar, ni reformas al sistema de
sanidad militar.
Precisamente, Korzeniak (Partido Socialista)
argumentó la existencia de un documento de la
embajada de Estados Unidos, por el cual el gobierno
de ese país sugiere al Poder Ejecutivo uruguayo una
serie de reformas en las Fuerzas Armadas, lo que
podría configurar una "injerencia" en los asuntos
internos de Uruguay.
"No ha habido absolutamente ningún planteo de esa
naturaleza, ni siquiera en forma oblicua del cual
pudiera deducirse que hay un planteamiento de ese
tipo; ningún planteamiento de ninguna naturaleza
proveniente de la embajada de Estados Unidos",
remarcó Fau.
OPORTUNIDAD. Presidente Batlle, Fau y el comandante en jefe del Ejército, Carlos Daners, en tiempos de debate sobre la caducidad