La justicia entiende que un decreto presidencial que
determinara la muerte de los desaparecidos no sería
suficiente para probar que Elena Quinteros falleció.
Según dijeron a El País fuentes judiciales, para que el
delito de desaparición forzosa por el que el ex canciller
Juan Carlos Blanco fue procesado dejara de ser
vigente, el Poder Ejecutivo debería presentar pruebas
más concretas sobre las circunstancias de su muerte
o el lugar donde está enterrada.
Las fuentes dijeron que tanto el juez Eduardo Cavalli
como la fiscal Mirtha Guianze entienden que si la
defensa de Blanco alegara la existencia de un decreto
para hacer caer el delito, no sería suficiente.
Agregaron que deberían aportar mayores datos, como
los que fueron solicitados al Ejecutivo en la
investigación presumarial. En aquel momento se pidió
información sobre el eventual uso de maquinaria del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y sobre la
posible exhumación del cuerpo de la maestra de los
fondos del regimiento 13 de Infantería.
Sin embargo para el abogado Carlos Curbelo
Tammaro, defensor de Blanco, un decreto que le diera
carácter normativo a las conclusiones de la Comisión
para la Paz sería prueba de que Quinteros falleció.
Curbelo Tammaro señaló que aunque esas
conclusiones no tienen efecto vinculante con la causa
judicial porque el Poder Ejecutivo no tiene potestad
para investigar en una causa judicial, si las mismas
estuvieran recogidas en un decreto ello constituiría
"algo similar a un acta de defunción".
El informe final de la Comisión para la Paz concluyó
que Elena Quinteros murió asesinada, a diferencia del
resto de los desaparecidos que falleció por apremios
físicos.
Ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo emitiera
un decreto para darle legitimidad a las conclusiones,
la justicia entiende que por sí solo no tendría validez de
prueba.
En el auto de procesamiento redactado por Cavalli en
octubre, éste señaló que la muerte de Quinteros no ha
sido probada. Y en caso de que se probara "cabría
preguntarse si la participación delictual del indagado
no sería mucho más grave. Al contrario de lo que
pretende demostrar con la prueba de informes
solicitada por Blanco, esa hipótesis, mas que
exculpatoria, podría agravar seriamente la
responsabilidad del indagado".
