Desde ayer, el Estado uruguayo reconoce oficialmente
que durante la última dictadura se produjeron "graves
violaciones a los derechos humanos" por parte de
"agentes estatales", que poco antes de la reanudación
de la democracia los restos de los desaparecidos
fueron desenterrados de unidades militares para
luego ser cremados, y que hubo coordinación entre
"fuerzas" argentinas y uruguayas para detener
opositores.
El presidente Jorge Batlle dio carácter de resolución
gubernamental al informe final de la Comisión para la
Paz, en el cual también se remarca: "Los antecedentes
de las personas fallecidas evidencian que la enorme
mayoría de ellas no participaba en forma directa en
actos de violencia ni integraban organizaciones
subversivas. La fecha de sus muertes pone de
manifiesto que la mayoría de ellas se verificó después
que la sedición había sido desarticulada y derrotada, y
cuando sus integrantes se hallaban detenidos en
establecimientos de reclusión".
Según las informaciones que el organismo oficial de
derechos humanos obtuvo luego de dos años y medio
de investigación, los restos óseos de 24 uruguayos
desaparecidos durante la dictadura fueron enterrados
en distintas "dependencias de las Fuerzas Armadas", y
a fines de 1984 fueron "incinerados o cremados" y
luego arrojados al Río de La Plata. La comisión aclaró
que no hace suya esa versión, sino que la consigna en
virtud de que fue aportada de forma coincidente por
varios militares que consultó.
Las cenizas, de acuerdo con esas informaciones,
fueron arrojadas "en una zona cercana al barrio Paso
de la Arena que ha sido ubicada y señalada con
precisión". Consultado por El País, el vocero de la
Comisión para la Paz Carlos Ramela prefirió no
comentar si la exhumación de los restos de los
desaparecidos a fines de 1984, respondió a una
decisión institucional o personal de los responsables
de las desapariciones.
El informe de la comisión —que el gobierno no
descarta respaldar con un decreto— contiene
explicaciones sobre su metodología de trabajo, sus
gastos de funcionamiento, conclusiones, balance de
resultados y sugerencias. En ese último capítulo, el
organismo recomienda que "se promueva y fomente, a
todo nivel, con especial énfasis en los planes de
estudio en general y en los procesos de formación de
docentes y educadores en particular, un análisis
objetivo y global de la triste realidad que vivió el país
desde la década de los años sesenta y hasta
mediados de los años ochenta".
También sugiere la creación de la figura jurídica
"ausencia por desaparición forzada" —a fin de que,
ante la imposibilidad de declarar muertos a los
desaparecidos, igualmente sus familiares puedan
resolver problemas en materia civil, por ejemplo
derechos sucesorios— y que "se revean y actualicen
normas legales vigentes, de forma de contemplar
delitos como por ejemplo tortura, delitos contra la
humanidad, genocidio, desaparición forzada, etcétera
(...) con la finalidad de evitar y reprimir los excesos y los
desvíos en que pueda incurrir el propio Estado y sus
agentes".
De forma paralela, la comisión sugiere la
indemnización económica para las familias de
desaparecidos, en montos que establecerá el
gobierno.
A MEDIAS. En otro orden, la comisión reitera en su
informe que recibió datos por parte de militares y
policías para su investigación, pero aclaró que
aspiraba a obtener mejores resultados por esa vía.
"La comisión apeló únicamente a su poder de
persuasión, tratando de convencer a aquellos policías
y militares para que aportaran en forma voluntaria la
información a su alcance, al amparo del régimen de
estricta reserva imperante en materia de fuentes
informativas. Ese esfuerzo, pese a todo, tuvo
resultados dispares; de todas formas, la información
adicional finalmente obtenida por la comisión refleja
que existió, de parte de algunos, una voluntad de
colaboración sin la cual muchas respuestas no
hubiesen sido posibles", señala.
Aparte del complejo acercamiento a fuentes militares
—que la comisión aclara que nunca se concretó con
carácter institucional sino individual— el organismo
marcó como "dificultades principales" de su trabajo "el
largo tiempo transcurrido" desde las desapariciones
hasta el inicio de las investigaciones oficiales, y la
"reticencia" de algunos entrevistados a colaborar.
Por ese último motivo, la comisión resolvió no tomar
actas ni grabar los relatos, sino que se tomaron notas
manuscritas. Asimismo, en el texto se apunta que la
información sobre los desaparecidos "se encuentra
muy fragmentada, dispersa entre distintos testigos y/o
protagonistas", lo que determinó que cada caso se
convirtiera en un "puzzle", que tuvo la complicación
adicional que las fuentes policiales y militares,
poseedoras de los datos clave, "no en todos los casos
estuvieron dispuestas" a brindarlos a la comisión.
CULMINACION. El documento final de la comisión,
cuyo contenido se encuentra reproducido en el sitio de
la Presidencia en Internet (www.presidencia.gub.uy),
fue entregado ayer por la Comisión para la Paz al
presidente Batlle, durante un encuentro que
mantuvieron en el edificio Independencia (ex Palacio
Estévez), donde siempre funcionó el organismo.
Batlle impulsó una investigación oficial sobre el
destino de los desaparecidos durante la dictadura, con
el objetivo de lograr un "estado del alma" en la
sociedad, que permita "sellar para siempre la paz
entre los uruguayos". Los gobiernos anteriores de
Julio Sanguinetti y Luis A. Lacalle se habían mostrado
reticentes frente a los reclamos de organizaciones de
derechos humanos para que se indagara el tema.
Antes de crear la Comisión para la Paz, Batlle se
reunió con representantes de los centros sociales de
las Fuerzas Armadas. También en los primeros
tiempos de su mandato, ganó credibilidad cuando el
gobierno encontró a la nieta del escritor argentino Juan
Gelman, que estaba desaparecida, y cuando
persuadió a un joven para que fuera objeto de una
prueba de ADN que determinara si efectivamente era
el entonces desaparecido Simón Riquelo.
Organizaciones de la izquierda radical y algunos
militares expresaron varias veces sus reparos sobre
los trabajos de la comisión, al tiempo que el grupo de
familiares respaldó la investigación. Precisamente,
antes de crear la comisión, Batlle recibió en tres
oportunidades a una delegación del grupo de
familiares, en un hecho que fue histórico.
A fines de la década de 1980, ya en democracia, el
gobierno de Sanguinetti creó una comisión dirigida por
el fiscal militar retirado José Sambucetti. La
indagatoria se inició el 5 de junio de 1989, para dar
cumplimiento al artículo cuarto de la ley de caducidad.
De ese trabajo surgió la conclusión de que en Uruguay
no hubo desaparecidos.
Pistas
®URUGUAY. De los uruguayos desaparecidos en el
país, la Comisión para la Paz considera aclarados 26
casos, de los cuales tres se produjeron antes del
golpe de Estado de 1973. Sólo una muerte, la de Elena
Quinteros, se produjo como consecuencia de una
ejecución, mientras que los otros 25 casos fueron
producto de torturas que excedieron la resistencia
física de los detenidos. La versión que recibió la
comisión de fuentes militares indica que los cuerpos
de los desaparecidos fueron exhumados de unidades
militares y luego fueron cremados o incinerados a
fines de 1984, poco antes del término de la dictadura.
En su trabajo, la comisión sólo pudo registrar la
identificación de los restos óseos del desaparecido
Roberto Gomensoro.
®ARGENTINA. En Argentina, donde se concentró la
mayor cantidad de uruguayos desaparecidos por
motivos políticos —154 casos confirmados— la
comisión determinó que la represión apuntó
principalmente a los integrantes de los Grupos de
Acción Unificadora (GAU) y del Partido por la Victoria
del Pueblo (PVP), y que los procedimientos tuvieron
"distinto grado de coordinación y colaboración entre
fuerzas" argentinas y uruguayas. La comisión también
aclaró dónde fueron sepultados los restos de 13 de
los uruguayos desaparecidos en ese país, e incluso
produjo la repatriación a Uruguay de los restos de dos
personas y existe un tercer caso aún en trámite. El
organismo pudo determinar los centros clandestinos
de detención donde permanecieron los
desaparecidos.
®REGION. También en Chile y en Paraguay se produjo
la desaparición de uruguayos durante la década de
1970; siete y dos respectivamente. Los dos
desaparecidos en Paraguay fueron trasladados hacia
Argentina. En Bolivia desapareció un uruguayo, cuyos
restos fueron encontrados.
®NN. Sobre los 26 cadáveres NN (no identificados)
que fueron encontrados en distintas costas uruguayas
en la década de 1970, la comisión apuntó como
aclarado un caso, consideró que existe información
"relevante" en 13 casos más, y advirtió que hay
"escasa información" sobre los otros doce.
®SEGUIMIENTO. Entre sus sugerencias, la Comisión
para la Paz planteó la creación de una Secretaría de
Seguimiento, en virtud de que aún hay investigaciones
en proceso, como los exámenes antropológicos sobre
cadáveres NN, o como las pruebas de ADN a una
serie de jóvenes que creen que pueden ser hijos de
desaparecidos.
®PERSONAL. Además del informe final de carácter
general, cada familia de desaparecido recibió un
informe particular con toda la información que la
comisión recabó sobre su familiar. Esos documentos
no fueron divulgados públicamente.
Familiares piden acción judicial
El grupo de familiares de desaparecidos pide que la
Justicia investigue si es correcta la versión que recibió
la Comisión para la Paz sobre el destino de los restos
óseos, en virtud de la "gravedad" de esa situación.
En conferencia de prensa, representantes del grupo
expresaron su "reconocimiento" al presidente Jorge
Batlle, porque con su aporte —consideraron— "se ha
roto la cultura del silencio". No obstante, remarcaron
que "no se trata de un punto final" sino de un
"acercamiento a la verdad", y reclamaron que la
Justicia determine qué sucedió con los restos.
"¿Pudieron los autores intelectuales y materiales de
esa atroz acción con eliminación de pruebas, no contar
con aval político alguno? ¿Cuándo fue decidida y
cuándo implementada? Ante esta versión planteamos
la exigencia de que para confirmarla o desmentirla se
actúe judicialmente con todas las consecuencias que
esta acción conlleve", indicaron los familiares en una
declaración que emitieron ayer, horas después de que
la Comisión para la Paz divulgó su informe final.
Uno de los voceros de la organización dijo que "en
principio la Justicia actúa de oficio", pero admitió que
es posible que los familiares presenten una denuncia
penal.
Consultado si la ley de caducidad ampara a los
responsables del "operativo zanahoria" al que alude la
información que recibió la comisión, Miranda dijo: "Eso
que lo diga un juez".
El grupo de familiares considera que la Comisión para
la Paz se tradujo en la "verdad", y que a partir de esa
información se hace necesaria la "justicia".
DERECHOS HUMANOS. Batlle y la Comisión para la Paz, dos años y medio después de su primer sesión